A la Comunidad Educativa:
Como graduados, expresamos nuestro repudio a la medida adoptada el 9 de mayo por el rector Gustavo Zorzoli, quien ha decidido pedir una sanción disciplinaria a una estudiante por calificarlo como “interventor del consejo superior”. Consideramos que la aplicación de amonestaciones a quienes expresan una valoración política del rol de las autoridades constituye una violación del derecho a la libre expresión consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales a los que nuestro país adhiere.
Ningún conflicto político puede dar motivo a medidas disciplinarias ni a formas de hostigamiento institucional. Este hecho se suma a los despidos y peculiares reubicaciones de docentes y no docentes, el recorte de los espacios de debate y la anunciada aplicación de un reglamento de concursos y la designación de jefes de departamento en línea con las orientaciones del Consejo Superior. Estas medidas generan un clima en el que se impone la arbitrariedad y en el que se persigue un disciplinamiento político de miembros de la comunidad. Se vuelve imperioso, entonces, que los órganos institucionales se pronuncien respecto a la medida solicitada por el rector:
Los consejos deben evaluar no sólo la pertinencia de esta sanción en particular, sino del enfoque adoptado por la máxima autoridad del colegio, el cual consideramos motivo de gravísima preocupación.
Asamblea de Graduados - Lista 26
Mayoría de Graduados del Consejo Escolar Resolutivo
